El contrato menor

La compra directa de productos mediante el contrato menor:

En relación con los suministros de ropa de poca cuantía económica, los poderes públicos pueden garantizar fácilmente que el producto ha sido producido en condiciones dignas gracias al procedimiento de adjudicación simplificada previsto por el contrato menor. Debido a la baja cuantía de estos contratos, no son aplicables los principios de publicidad y concurrencia.

La normativa permite la adjudicación directa del contrato a cualquier empleador, sin la necesidad de solicitar ofertas previamente, y exige tan sólo la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. Esto permite que los poderes públicos puedan adjudicar directamente el contrato a aquellas empresas suministradoras que satisfacen sus exigencias sociales.

Los límites previstos en la normativa son 18.000 euros por el contrato de suministro y 50.000 euros por el contrato de obras. Hay que tener presente que estos contratos no pueden tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga o de revisión de precios.

En estos supuestos, disponer de la información adecuada resulta esencial para la toma de decisiones de consumo responsable. Es necesario que tengamos conocimiento de las condiciones de producción de los bienes que adquirimos para intentar que progresivamente se cumplan más garantías sociales y ambientales.

La disponibilidad de información en torno a estas condiciones de producción varía según el tipo de producto del que estemos tratando. La existencia de sellos de certificación ambientales y sociales y la presencia de productos de Comercio Justo en el mercado ayudan en la toma de decisiones pero hay infinidad de sectores en los que no hay presencia de este tipo de bienes.
Existen posibilidades que facilitan una elección responsable:
Consumo de productos que provienen de la economía social local:
La compra de productos elaborados por empresas de la economía social que contribuyen a la inserción sociolaboral de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social permite a las administraciones públicas obtener una garantía ética del producto y generar externalidades positivas en la producción.

Consumo de productos con sistemas de garantía consolidados:
A pesar de la limitación en el número de productos, algunos de los suministros que habitualmente adquieren las administraciones públicas pueden provenir de sistemas de comercialización alternativos o disponer de sellos y certificaciones que garanticen la calidad social y ambiental del producto.

En las compras directas, las administraciones pueden explicitar su apuesta por estos mecanismos de garantía o por el trabajo de entidades y organizaciones reconocidas que promuevan un mercado alternativo.

EJEMPLO:
Para sus camisetas promocionales, Madrid 2012, eligió adquirir camisetas de Comercio Justo.
Del mismo modo, el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid, a través de su Dirección General de Sostenibilidad y Agenda 21, compró 13.000 camisetas de Comercio Justo en marzo 2007. Otros ayuntamientos madrileños como los de Guadarrama y San Sebastián de los Reyes han llevado a cabo procedimientos de compra similares.

Establecimiento de criterios para los productos sin sistema de garantía:
Para el resto de productos que ofrece el mercado, hay que establecer unos criterios que permitan avanzar en la transparencia y el control ético de la producción. Igual que las personas consumidoras, la administración debe tener en cuenta la etiqueta de los productos que compra y solicitar a sus proveedores el máximo de información posible.

Un consumo responsable pasa por seleccionar empresas proveedoras que puedan demostrar su compromiso con el respeto al medio ambiente y a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que intervienen en la elaboración del producto.

Una primera manera de aproximarse al compromiso de la empresa proveedora con el respeto a los estándares sociales y ambientales es solicitarle el código de conducta y la información pertinente sobre el sistema de verificación del mismo.

La existencia de un código de conducta y de un sistema de verificación no constituye ninguna garantía absoluta pero indica una primera inquietud por parte de la empresa. Hay que advertir que, en muchas ocasiones, las empresas pequeñas no disponen de un código de conducta por falta de medios y que estos requerimientos no deben constituir un factor de discriminación que favorezca a las grandes corporaciones.

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