En los criterios de adjudicación

Una vez realizada la selección de las empresas que participan en la licitación, el órgano de contratación pasa a valorar las proposiciones que han presentado para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa y adjudicarle el contrato.

Corresponde a los poderes públicos indicar en el pliego de cláusulas administrativas los criterios que, aparte del precio, servirán para evaluar las ofertas presentadas. Estos criterios deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato, no podrán otorgar a la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, y deberán ofrecer una ventaja económica ligada al producto(12).

La legislación sobre contratación prevé la posibilidad de incorporar consideraciones de tipo social como criterios de adjudicación, pero sólo menciona expresamente aquellos criterios dirigidos a la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar. Aunque la lista de criterios de adjudicación incluidos en la normativa no es exhaustiva, en ocasiones la previsión de cláusulas sociales como criterios de adjudicación ha sido controvertida y, en algunos casos, éstas han sido impugnadas ante los tribunales(13).

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento jurisprudencial sobre la posibilidad de valorar, en fase de adjudicación de contrato, la aportación de garantías sobre el respeto de las condiciones laborales en la elaboración del producto. No obstante, si en la definición del objeto del contrato se han incorporado las exigencias éticas, un criterio de adjudicación de estas características no parecería contradecir la legislación de contratos.

Por otra parte, cabe destacar que la previsión de un criterio de adjudicación relativo a la garantía en las condiciones de elaboración del producto tiene unos efectos limitados. Los poderes públicos podrán valorar positivamente la aportación de garantías al respecto, pero nada impedirá que el contrato sea adjudicado a una empresa que no ofrezca estas garantías en el caso de que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

Cláusula de preferencia en favor de los productos de Comercio Justo
Si bien la inclusión de criterios éticos en la fase de valoración de ofertas puede resultar controvertida, no lo es en cambio la previsión de una cláusula de preferencia en favor de los productos de Comercio Justo. Por primera vez, la nueva Ley de Contratos del Sector Público(14) establece que, cuando el objeto de suministro sea un producto por el que existan alternativas de Comercio Justo, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá prever, en caso de empate entre ofertas, una preferencia en la adjudicación respecto a aquellas entidades reconocidas como organizaciones de Comercio Justo. Se trata de una previsión con poca trascendencia práctica, pero que puede contribuir a dar a conocer entre los proveedores la sensibilidad social de los poderes públicos.

12 Ver art. 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, y la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos (COM (2001) 566 final).

13 El artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE hace referencia explícita a los criterios de adjudicación medioambientales pero no menciona los de tipo social, que, en todo caso, son citados en los considerandos 1 y 46 y encontrarían su justificación en otras normas de derecho comunitario. Además, hay que considerar que los contratos no sujetos a regulación armonizada no quedan vinculados por las directivas europeas y sólo deberán respetar los principios de no discriminación e igualdad de trato (Comunicación interpretativa de la Comisión 2006/C-179/02). En relación con estos contratos, la normativa interna de cada Estado puede permitir la introducción de otros criterios de adjudicación vinculados al objeto, tal y como hay que entender que hace el artículo 134 de la ley española (”u otros similares”). No obstante, existe una cierta controversia alrededor de esta posibilidad. En este sentido, ver un resumen de la doctrina de la JCCA de la Generalitat de Catalunya en su Recomendación 2/2006. Ver también la sentencia de 20 de septiembre de 1988 del TJCE en el asunto Beentjes, sobre la introducción de una cláusula social relativa a la contratación de parados de larga duración. Finalmente, hay que fijarse en la conflictividad originada en torno al Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que establecía una serie de criterios de adjudicación vinculados a las características de la plantilla de las empresas licitadoras.

14 Disposición Adicional 6ª de la Ley de Contratos del Sector Público: Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan por objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las propuestas presentadas por aquellas entidades reconocidas como organizaciones de Comercio Justo, siempre que estas propuestas igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

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