El procedimiento Negociado

Las posibilidades del procedimiento negociado en la introducción de exigencias sociales en la contratación:

Aparte del procedimiento simplificado previsto por el contrato menor, existen otros procedimientos de contratación administrativa que resultan especialmente indicados para introducir criterios de compra pública ética.

Uno de ellos es el procedimiento negociado, en que el órgano de contratación adjudica el contrato, de manera razonada, después de consultar y negociar sus condiciones con varios candidatos. Entre otras cosas, este procedimiento permite que las administraciones negocien con las empresas licitadoras la forma de acreditar que el producto que suministran se ha producido en condiciones laborales dignas(6). El carácter dinámico y dialogante de este procedimiento de contratación facilita que los poderes públicos puedan concienciar e involucrar a las empresas suministradoras en la satisfacción de ciertas exigencias sociales.
Si se opta por el procedimiento negociado será necesario indicar en el pliego de cláusulas administrativas qué aspectos, aparte del precio, podrán ser objeto de negociación. La legislación permite hacer uso del procedimiento negociado en contratos de suministro cuando el importe estimado de los mismos sea inferior a 100.000 euros(7). Cabe añadir que si el importe supera los 60.000 euros, será necesario dar publicidad de la licitación en el diario oficial correspondiente.

6 La legislación obliga a solicitar ofertas, como mínimo, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que sea posible. El órgano de contratación no puede justificar el incumplimiento de este requisito alegando la inexistencia de tres empresas capacitadas en el territorio de la Comunidad Autónoma, o la imposibilidad de juzgar la idoneidad de las empresas para realizar el objeto del contrato (Informe de la JCCA 13/2007, de 26 de marzo).

7 A pesar de tener poca relevancia en relación con los suministros de ropa, que suelen ser de poca cuantía económica, hay que tener presente que la Ley de Contratos del Sector Público ha eliminado la limitación para recurrir al procedimiento negociado contenida en la anterior legislación de contratación pública (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). La disposición adicional novena, ahora derogada, impedía a los entes locales hacer uso del procedimiento negociado si el importe del contrato de suministro superaba el 10 % de su presupuesto ordinario.

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