Empresas

Qué proveedores textiles nos pueden ofrecer las garantías éticas que necesita toda administración pública?

Cuando hablábamos de Compra Pública Ética en términos generales veíamos que había ciertos proveedores que claramente podían dar respuesta a esta estrategia de suministros. Por un lado, identificábamos los productos de Comercio Justo y, por otro, productos provenientes de las empresas del tercer sector.

Pero ni es deseable ni es la voluntad de las administraciones ni de la sociedad civil reducir su abanico de posibilidades comerciales de esta manera. Y, además, estos proveedores no pueden satisfacer todas las necesidades de las administraciones públicas.

Se debe, pues, enmarcar correctamente esta iniciativa. No se trata de buscar nuevos proveedores para las administraciones sino de proponer a los proveedores actuales nuevas formas de entender su proceso de producción y su relación con los entes públicos. Son los proveedores convencionales los que han de ir adaptando sus estrategias comerciales y sus sistemas de control con el fin de asumir su responsabilidad hacia los trabajadores que hacen posible su actividad económica.

La adaptación de las empresas proveedoras a los estándares solicitados por la Administración Pública debe ser fruto de un proceso de diálogo y de trabajo conjunto. Por eso es aconsejable que cada administración comprometida con la Compra Pública Responsable defina un plan de actuación en el que la exigencia de criterios éticos de contratación sea cada vez mayor. En este proceso, la Administración Pública invita a las empresas del sector textil a ver la responsabilidad social como un valor añadido en su producto y no como una traba en sus relaciones comerciales. Con ciertas estrategias de Compra Pública Responsable las administraciones hacen efectivo su consumo sostenible y añaden incentivos a las empresas del sector textil para no convertir la deslocalización en explotación.

A continuación se mencionan algunos elementos que nos pueden ayudar a identificar el compromiso de las empresas con los derechos laborales y los derechos humanos:

El compromiso ético de la empresa. Los códigos de conducta:
El primer paso que debe dar una empresa que quiera adoptar medidas para mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras es adoptar un código de conducta. El código es un conjunto de estándares, normas o guías de comportamiento ético. Este debería ser exhaustivo, creíble y transparente.

Las auditorias sociales:
En el contexto de las actividades de monitoreo y verificación, una auditoría social se refiere al examen formal exhaustivo de las prácticas laborales de un puesto de trabajo o empresa particular, basado en evidencias corroboradas. La auditoria apunta a controlar estas prácticas laborales comparándolas con ciertos estándares laborales (como la SA8000) basados en las convenciones de la OIT, siguiendo un protocolo acordado.
Los sellos y certificaciones:
Las administraciones pueden exigir ciertos estándares laborales basados en las convenciones de la OIT que permitan certificar que un producto satisface una normativa concreta respecto a su proceso de producción. El certificado laboral más conocido es el SA 8000 (Social Accountability Standard 8000) utilizado por empresas auditoras. Fue creado por la SAI (Social Accountability International) y su esquema de certificación se fundamenta en la serie de normas ISO, pero más enfocado a los aspectos laborales con entrevistas a trabajadores.

El sello FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), certifica productos de Comercio Justo, incluyendo el algodón. Las prendas que llevan este sello se garantiza que se han respetado los derechos laborales en toda la cadena de producción de la pieza. Actualmente, en Francia ya podemos encontrar empresas de ropa de trabajo con el sello FLO.

La certificación ecológica y social “Made in Green”, desarrollada por el intituto tecnológico textil AITEX y basada en la norma SA8000, sirve de certificado de código de conducta y de responsabilidad social en todos los centros de producción de la cadena de valor donde asegura que se han respetado el medio ambiente y los derechos universales de los trabajadores.

Las iniciativas multistakeholder:
La implementación de normas éticas no debe basarse en el control unilateral de los proveedores sino que exige la participación de las partes interesadas en todos los aspectos del proceso de puesta en marcha del código. Integrarse en una iniciativa multipartita o multistakeholder puede ser una medida de gran ayuda para las empresas que quieran mejorar el cumplimiento de ciertos requisitos sociales. Estas iniciativas requieren que empresas, sindicatos y ONG trabajen juntos para promover mejores prácticas laborales estableciendo códigos de conducta y controlando su implementación.
En la industria textil las iniciativas más importantes son la Fair Wear Foundation – FWF (Holanda), Ethical Trading Iniative – ETI (Inglaterra), Fair Labor Association – FLA y Social Accountability International (las dos últimas en Estados Unidos).


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